Reforma judicial de mal en peor
Fecha/hora de publicación: 16 de mayo de 2026 19:46:35
A casi un año de la reforma judicial, el balance ya no admite evasivas: es preocupante. Lo que se presentó como una transformación de fondo hoy muestra señales consistentes de deterioro institucional, desorden operativo y pérdida de dirección. Y lo más grave es que empieza a afectar un elemento central de toda democracia: la confianza en la justicia.
Desde Chihuahua, este diagnóstico adquiere una relevancia particular. No es menor que aquí, con la presencia del ministro en retiro José Ramón Cossío, del pleno del Tribunal Superior de Justicia encabezado por su magistrada presidenta, del Tribunal de Disciplina, del área administrativa, magistrados, jueces, litigantes, académicos y estudiantes, se haya producido un diálogo directo, abierto y sin simulación. Lo que se planteó en ese espacio fue incómodo, sí, pero sobre todo fue indispensable.
El señalamiento central es claro: la crisis ya no puede explicarse solo como un problema de implementación; es un problema de diseño y de funcionamiento real. Hay juzgados que operan en condiciones inaceptables: faltan insumos básicos, se paralizan tareas por carencias elementales y los rezagos no disminuyen. Peor aún, se advirtió que esos rezagos podrían estar siendo maquillados con cifras que no reflejan la realidad. Si eso se confirma, no estaríamos frente a simples fallas administrativas, sino frente a un ejercicio de simulación institucional.
Hay además un punto especialmente delicado: el contenido de las resoluciones. La crítica no se refiere a diferencias legítimas de interpretación jurídica. Va más allá. Se cuestionan decisiones construidas para justificar, no para controlar; argumentos que parecen responder más a intereses políticos que al mandato constitucional. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser técnico: la justicia deja de funcionar como límite del poder y comienza a operar como instrumento del poder.
En ese contexto, la Suprema Corte aparece cada vez menos como contrapeso y cada vez más como un órgano previsible. Y conviene subrayarlo: la previsibilidad no siempre es una virtud. También puede ser indicio de una deliberación debilitada, de menor tensión interna y de una preocupante disposición a no incomodar al poder.
A esto se suman retrocesos serios en materia de derechos. La prisión preventiva oficiosa sigue operando, en la práctica, como una pena anticipada. Las obligaciones internacionales del Estado no siempre reciben una defensa firme. Y, al mismo tiempo, se adoptan decisiones internas que debilitan la calidad del debate constitucional y reducen la capacidad del sistema para corregirse a sí mismo.
El mensaje de fondo, entonces, es inequívoco: la reforma no está resolviendo los problemas históricos del sistema judicial; en varios frentes, los está profundizando.
Y cuando los tribunales dejan de responder, cuando la justicia no llega, o peor todavía, cuando se construye la apariencia de que llega, el problema deja de ser únicamente jurídico. Se convierte en un problema político, social e institucional. Porque una sociedad sin justicia efectiva es una sociedad expuesta, sola y vulnerable frente al conflicto.
En Chihuahua se dijo con claridad: sin independencia real, sin condiciones materiales mínimas y sin decisiones constitucionales sólidas, la justicia deja de ser una garantía. Se convierte en una promesa vacía.
Ese es el riesgo real. Y esa es la dimensión del desafío.
