Seguridad publica y derechos humanos
Fecha/hora de publicación: 06 de febrero de 2024 09:51:38
Ante el evidente incremento de las acciones delictivas, donde la pérdida de vidas humanas en forma violenta, es una constante en muchas de las regiones del Estado y del país, el cuestionamiento sobre si es adecuada la política criminal implementada, por parte de la federación y los Estados para enfrentar con éxito a las bandas del crimen organizado, o se requiere una reordenación, la respuesta es por demás clara.
La política de abrazos y no balazos, ha sido un total fracaso y que por el contrario a lo que se buscaría, ha servido para que las bandas delictivas se fortalezcan en cada región del país y que las personas que eventualmente son detenidas, alcancen su libertad, es porque son juzgados con leyes que no son las adecuadas para el grado de peligrosidad con el que operan.
La Ley Federal contra la delincuencia organizada, prácticamente es letra muerta y la mayoría de las personas que pertenecen a bandas delictivas, con una gran capacidad de fuego, de recursos económicos, infraestructura material y humana, son juzgados como delincuentes comunes, cuando simplemente, no lo son.
Un ejemplo claro, lo tenemos en la persona de Enrique López Acosta, alias el Cumbias, quien inicialmente fue acusado de encabezar y ordenar el ingreso de un comando con más de 25 camionetas con civiles armados en las comunidades de Creel, San Juanito y zonas aledañas en el municipio de Bocoyna en marzo del 2010, donde privaron de la vida a ocho personas, y lesionaron a cuatro más, sembrando el terror en la región serrana, donde incendiaron vehículos y rafaguearon viviendas, además de mantener un total control sobre el trasiego de drogas, secuestros, extorsiones y homicidios con armas de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas.
Como se recordará, esta persona fue inicialmente detenido por el ejército en Agosto del 2010, dentro de un fraccionamiento exclusivo en la ciudad de Delicias, después de un enfrentamiento armado, donde perdió la vida su hermano y él mismo fue lesionado para después presentarlo ante el tribunal, el que lo absolvió por falta de pruebas en agosto del 2023, por la progresividad de los derechos humanos, la inoperancia de muchas de las pruebas que por el simple transcurrir del tiempo habían perdido su validez y efectividad; esta resolución fue apelada por la Fiscalía del Estado.
Derivado de una vigilancia permanente, se logró su recaptura apenas un mes después, a bordo de un vehículo con reporte de robo, portando armas y droga, por lo que fue detenido y en esta ocasión si fue sentenciado a la friolera de 160 años en la ergástula estatal.
El problema entonces se ubica en que las entidades del país, no cuentan con las herramientas materiales y jurídicas para enfrentar adecuadamente a las bandas de crimen organizado, porque son exclusivas de la Federación y en casos como los del Cumbias, se tiene que realizar verdaderas proezas para lograr sentenciarlos adecuadamente y sacarlos de manera definitiva de la vida pública.
La capacidad de fuego con la que operan las bandas criminales, no se compara con el armamento que se tiene en las corporaciones de seguridad pública, porque no están diseñadas para eso, las policías municipales están para prevenir el delito y eventualmente realizar detenciones de delincuentes comunes, pero no a bandas organizadas, porque para eso es la policía federal, espacio acéfalo que pretende ocupar la guardia nacional.
Cada fiscal y ahora secretario de Seguridad Pública, propone “innovaciones“ para terminar con la violencia; con Peniche, se agotó el presupuesto con la construcción de cuarteles y sirvió para hacer más $ gorda su salida; ahora con Gilberto Loya se digitalizan las acciones y se construye un enorme edificio, destinando más de 4 mil M.D.P., imposible no pensar en corrupción.
Néstor Armendáriz Loya, el mejor papel de su vida:
Se puede no estar de acuerdo con muchas de las formas en las que opera la CEDH, la falta de dentadura y las recomendaciones que para muchos son llamadas a misa, por la hipocresía en la que operan muchos de los funcionarios públicos, pero lo que nadie puede soslayar, es la gran capacidad de servir por parte de su presidente estatal.
Integridad podría ser la mejor forma de reconocer su trayectoria a partir de alcanzar, de forma extraordinaria la presidencia de la Comisión, cuando nadie lo esperaba, nadie, sólo él.
Siempre atento para escuchar y atender, considero que ha sido la mejor presidencia que ha tenido la Comisión, porque además de la atención personalizada, las capacitaciones en los centros escolares se continúan, sin descuidar las oficinas que se encuentran diseminadas en las principales ciudades del Estado, el buen gasto, la transparencia en el uso y destino de los recursos, se convierten en nuevos edificios que forman parte del patrimonio de la institución.
Es difícil saber qué es lo que pasará con la CEDH una vez que se termine el período por el que fue electo Néstor Armendáriz, pero, de continuar al frente, seguro es que se superaran las acciones y continuará en ascenso la credibilidad, confianza y certidumbre de que, en materia de derechos humanos, aquí en Chihuahua, las quejas se atienden.
*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y LA AECHIH.
